Tijuana, Baja California.- El gobierno municipal de Tijuana no ha comprometido pago alguno con la empresa que lo tiene demandado por el Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT). El presidente municipal, Ismael Burgueño Ruiz, explicó en un comunicado que el Cabildo solo dio luz verde para estudiar un posible arreglo que cierre el litigio, de modo que hoy no hay cantidad pactada ni convenio económico firmado.
La aclaración surge luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia matutina del martes, exigió al Ayuntamiento transparentar por qué se cubriría una suma cercana a los 1,400 millones de pesos. “Que aclare el municipio”, pidió la mandataria, quien hizo desde Palacio Nacional un llamado público a que se explique el caso.
La disputa se remonta a 2016, año en que se firmó una concesión de tres décadas, con vigencia hasta 2046, para un esquema de autobuses troncales que jamás operó como se planeó. En diciembre de 2023, la sociedad SITT de Tijuana, S.A. de C.V. llevó el caso ante la justicia administrativa estatal; hoy exige 1,378 millones 836 mil 952 pesos en dos expedientes que se tramitan juntos.
A mediados de septiembre, los ediles dieron permiso al gobierno de la ciudad para sentarse con la compañía, con una condición: que la base de cualquier arreglo quede por debajo de la mitad de lo que hoy vale la reclamación ya actualizada. También abrieron la puerta a liquidarlo en un plazo de hasta diez años, en abonos mensuales, aunque el resultado tendría que pasar por la revisión del tribunal antes de valer.
Burgueño sostuvo que el asunto fue heredado de gobiernos anteriores y que, sin un arreglo, Tijuana corre el riesgo de perder el juicio y verse obligada a pagar el total exigido, más las actualizaciones acumuladas desde la presentación de la demanda. Según el alcalde, fijar un tope del 50 por ciento pretende evitar un daño mayor a las finanzas municipales, ya sea en esta gestión o en la siguiente.
El edil recordó además que la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte de 2020 creó el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) y ordenó en sus transitorios que el SITT pasara al Gobierno del Estado, traspaso que no se concretó. En mayo de este año, la Secretaría de Medio Ambiente estatal, cabeza de sector del IMOS, envió un oficio al municipio para exigir que se cumpla esa disposición, y los juicios pendientes son el principal obstáculo para hacerlo.
