Hermosillo, Sonora.- Al cumplirse un año del incendio en una tienda Waldo’s de Hermosillo, que el 1 de noviembre de 2025 dejó 24 personas muertas, seis de ellas menores de edad, según el recuento de la Fiscalía estatal, Sonora incorporó a su Constitución la protección civil como un derecho humano. El decreto apareció en el Boletín Oficial del Estado el mismo 1 de noviembre y da origen a un organismo autónomo dedicado a la gestión integral de riesgos.
La nueva figura se llamará Instituto de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Sonora y tendrá personalidad jurídica propia. Para encabezarlo se abrirá una convocatoria pública; las candidaturas pasarán por la revisión de un comité técnico y el nombramiento requerirá el aval de dos terceras partes del Congreso local. El instituto contará además con un consejo ciudadano y con un consejo técnico asesor formado por especialistas.
El Congreso de Sonora había votado la reforma por unanimidad a principios de octubre, a partir de una iniciativa del gobernador Alfonso Durazo Montaño. El texto también crea el Sistema Estatal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y, según el Ejecutivo estatal, pretende que las instituciones dejen de limitarse a reaccionar ante las emergencias para concentrarse en detectar peligros y reducir la vulnerabilidad de la población.
En un mensaje por el aniversario, Durazo se comprometió a mantener la atención médica, psicológica y jurídica a los deudos y a las personas lesionadas, así como la reparación integral que corresponda. Sobre el rumbo de las indagatorias penales, se limitó a señalar que respeta la autonomía de la Fiscalía General de Justicia del Estado y del Poder Judicial.
El mandatario adelantó que el siguiente paso será redactar, junto con organizaciones civiles y expertos, una nueva Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y que habrá más presupuesto para las dependencias del ramo. A las familias les dijo que no están solas y sostuvo que, frente a ellas, «el Estado no tiene derecho a fallar».
Tras el siniestro, las autoridades estatales apuntaron a una falla en un transformador eléctrico dentro del local como probable origen del fuego. Un mes después, el fiscal Gustavo Salas Chávez informó que la investigación había detectado el uso de documentación apócrifa en trámites oficiales.
