Mexicali, Baja California.- La gobernadora de Baja California tendría en sus manos la propuesta de quienes ocupen las magistraturas del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) si prospera una iniciativa del diputado morenista Juan Manuel Molina García, que además plantea crecer el pleno del tribunal a cuatro integrantes y alargar a 15 años el encargo de cada magistrado.
El proyecto, registrado el 5 de octubre, reforma la Constitución local y la ley que rige al TEJA. Su punto central cambia la ruta de designación: el Congreso dejaría de emitir convocatorias abiertas para cubrir las vacantes y, en su lugar, el Poder Ejecutivo, hoy a cargo de Marina del Pilar Ávila Olmeda, enviaría ternas para que las y los diputados elijan entre esos perfiles.
La cuarta silla del pleno correspondería a una nueva Magistratura Especializada en Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción. Esa instancia sería la única facultada para elaborar los proyectos de resolución en los casos de sanciones a servidores públicos, con excepción de los que pertenezcan al Poder Judicial.
La iniciativa también fija reglas internas: la presidencia del tribunal saldría de entre sus propios magistrados por tres años, con opción a repetir una vez, y tendría voto de calidad para desempatar. Se crearía un haber de retiro, cuyo reglamento tendría que expedir el pleno dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor de la reforma.
El control interno del TEJA también pasaría por la misma vía: la titular del Ejecutivo propondría una terna para encabezar el Órgano Interno de Control, el Congreso haría la designación y el cargo duraría cuatro años, con posibilidad de un segundo periodo igual.
Uno de los artículos transitorios dejaría sin efecto cualquier proceso o convocatoria en marcha para designar a titulares de primera instancia del tribunal. El propio TEJA publicó en agosto una convocatoria y un acuerdo de su pleno para el concurso de designación de jueces de primera instancia, procedimiento que quedaría anulado si la reforma se aprueba tal como está escrita.
El dictamen corresponde a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que encabeza el mismo Molina García, y estaba previsto que se votara este lunes 2 de noviembre; hasta ahora el Congreso no ha informado del resultado. Por tratarse de un cambio constitucional, necesitaría el voto de dos terceras partes del total de diputados y después el aval de la mayoría de los ayuntamientos del estado.
