Ciudad de México.- Si las autoridades de Estados Unidos resuelven deportar a la exconductora Inés Gómez Mont, la Fiscalía General de la República (FGR) la detendrá en cuanto ponga un pie en territorio nacional. Así lo planteó este lunes la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, en un mensaje dedicado a las acciones de la institución tras la captura de la exconductora en Florida.
La titular de la FGR precisó que la detención ocurrida el 30 de octubre fue obra de autoridades migratorias estadounidenses y responde, hasta ahora, a la situación migratoria de Gómez Mont, no a los delitos que se le imputan en México. Será el gobierno de Estados Unidos el que decida si la expulsa del país; la Fiscalía no dio una fecha para un eventual traslado.
En paralelo, la defensa de Gómez Mont acudió a la justicia estadounidense. El sábado 31 de octubre promovió un recurso de habeas corpus ante la Corte de Distrito del Sur de Florida para que se examine si su arresto migratorio fue legal y pidió, como medida de emergencia, que no la sacaran del centro de detención de Broward, en el área de Miami, con el argumento de que una de sus hijas recibe tratamiento médico. El juez federal Jeffrey T. Kuntz admitió el recurso y dio al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hasta el miércoles 4 de noviembre para justificar por qué debe seguir detenida, pero negó frenar un posible traslado al considerar que no tiene facultades para impedirlo.
De acuerdo con la exposición de Godoy, contra la exconductora pesan tres órdenes de aprehensión vigentes, todas libradas por jueces federales. La primera, promovida por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, la señala por su probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las otras dos, tramitadas por la Fiscalía Especializada de Control Competencial, son por defraudación fiscal equiparada.
Según la investigación ministerial, a las cuentas personales de Gómez Mont habría llegado dinero desviado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, la instancia federal encargada de las cárceles, mediante contratos simulados con empresas fantasma. En el terreno fiscal, la FGR le atribuye haber reportado ingresos inferiores a los reales en los ejercicios de 2014 y 2016, con lo que habría dejado de pagar más de 13 millones de pesos al fisco.
La fiscal recordó que el expediente no es nuevo para Washington: desde septiembre de 2025 México pidió la detención provisional de la exconductora con fines de extradición y, en coordinación con el Departamento de Justicia estadounidense, se armó la solicitud formal. En las semanas recientes, agregó, ambos gobiernos intercambiaron información y la FGR entregó las órdenes vigentes a sus contrapartes.
Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, salieron del país en 2021, cuando un juez federal giró las primeras órdenes de captura en su contra por la presunta red de compañías que cobró contratos de servicios penitenciarios que nunca se prestaron. Álvarez Puga fue arrestado por agentes migratorios en Miami en septiembre de 2025.
Mientras no exista una sentencia, Gómez Mont debe considerarse inocente; la propia institución insistió en que la última palabra sobre su posible culpabilidad corresponderá a los jueces del país, una vez que comparezca ante ellos.
