Unas 15 mil familias que viven en el ejido Javier Rojo Gómez y en colonias vecinas de Tijuana dieron este jueves un paso hacia la propiedad legal de sus lotes. Los gobiernos federal, estatal y municipal, junto con representantes ejidales, firmaron un convenio de coordinación para regularizar la tenencia de la tierra en esa zona, donde la incertidumbre jurídica se arrastra desde hace más de tres décadas.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda encabezó el acto y lo presentó como una deuda saldada con quienes compraron sus terrenos y nunca pudieron escriturarlos. Atribuyó el resultado a la insistencia de los propios vecinos: “Si no hubieran ustedes luchado tanto, no estaríamos el día de hoy aquí”, dijo, y aseguró que para su administración el asunto era una prioridad y no solo un compromiso.
El mecanismo elegido es la expropiación. Así lo explicó Víctor Rubén Guzmán Dagnino, titular del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), quien acudió en representación de la Sedatu. El funcionario precisó que el documento todavía debe llevar la firma de la presidenta Claudia Sheinbaum y lo calificó como un caso de referencia para el resto del país.
Además del núcleo ejidal, el acuerdo alcanza a las colonias Lomas del Valle, Terrazas del Valle I y II y La Morita I y II, según detalló el secretario general de Gobierno del estado, Juan José Pon Méndez. El objetivo, señaló, es que quienes adquirieron sus predios de buena fe dejen atrás años de inseguridad sobre su patrimonio.
La firma reunió a un amplio grupo de oficinas agrarias y de vivienda de los tres niveles de gobierno: por la parte federal acudieron enviados de la Sedatu, del Registro Agrario Nacional, de la Procuraduría Agraria y del Fifonafe, mientras que por el estado asistieron personal de Hacienda, de la Consejería Jurídica, del registro de la propiedad y del Indivi. El presidente municipal Ismael Burgueño Ruiz también estuvo presente.
El convenio no entrega todavía títulos de propiedad. Las autoridades no precisaron fechas para el decreto expropiatorio ni para el inicio de la escrituración, pasos que dependerán de la firma presidencial y de los trámites ante las dependencias agrarias.
