El exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna involucró a dos figuras de peso del oficialismo y la Fiscalía General de la República (FGR) le respondió ese mismo martes: los nombres que él puso sobre la mesa, el de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, y el del senador morenista por Tabasco Adán Augusto López, no alcanzan, de momento, para que el Ministerio Público Federal los investigue dentro del caso del huachicol fiscal.
El exmando naval, preso en el penal del Altiplano y procesado por delincuencia organizada vinculada con ilícitos en materia de hidrocarburos, respondió por escrito un cuestionario que se difundió en la mañana. En él se presentó, junto con su hermano, como chivo expiatorio, negó haber tenido contacto con las personas que lo acusan y afirmó que dos testigos de la carpeta mencionan a López Beltrán y a López Hernández.
Para la institución, que se refiere al exmarino como Manuel Roberto “N”, lo que él describe son referencias indirectas, lo que en derecho se llama testigos “de oídas”, y eso no alcanza para sostener una investigación penal. Le pidió, además, que si tiene evidencia la entregue por los canales formales.
La Fiscalía también cuestionó el canal que eligió el exvicealmirante. Según su postura, los argumentos de defensa tienen que exponerse ante el juez que lleva su proceso y no a través de declaraciones públicas, o “no de manera mediática”, como lo expresó. El mensaje se replicó en decenas de respuestas desde la cuenta institucional de la FGR en redes sociales.
En el mismo pronunciamiento, la dependencia indicó que mantiene abierta la investigación sobre otras dos personas, identificadas como Rubén Alfonso y Luis Jorge “N”, para esclarecer su posible participación, y recordó que por la red que permitió el ingreso del buque Challenge Procyon a un puerto de Tamaulipas, con millones de litros de combustible no declarados en la aduana, ya hay 17 personas detenidas y sujetas a proceso penal.
El caso del huachicol fiscal ha alcanzado a mandos de la Secretaría de Marina y es uno de los expedientes de corrupción más sensibles para el gobierno federal. La aclaración de la FGR no equivale a un pronunciamiento judicial sobre los mencionados; se limita a señalar que, con lo que hay hasta ahora, no existe base para investigarlos.
