La Canacar dejará de cerrar carreteras, según informó la Secretaría de Gobernación. Tras un encuentro con la dirigencia de esa cámara y de otros grupos transportistas, la dependencia anunció este martes que los inconformes aceptaron abandonar de manera definitiva los bloqueos y las protestas que arrancaron el lunes. El aviso apareció en su comunicado 138, publicado minutos antes de las 10:30, hora del Pacífico.
En contraparte, cada secretaría con atribuciones sobre las demandas del gremio se sentará a negociar por separado. Los temas en la lista son cinco: la inseguridad en las rutas, el estado de los caminos, los impuestos, las prestaciones de seguridad social y la situación laboral de los operadores. Dos áreas de Gobernación, la subsecretaría del ramo y la Unidad de Gobierno, llevarán la conducción de esas pláticas y el registro de lo que se vaya resolviendo.
La organización empresarial del comercio y los servicios, Concanaco Servytur, fungió como testigo del encuentro. El texto oficial deja dos huecos: no enumera a las demás agrupaciones que se sumaron al compromiso ni pone calendario a las pláticas. Al momento de redactar esta nota, la Canacar tampoco había fijado una postura pública sobre lo pactado.
El arreglo llega después de dos jornadas de tensión. El lunes, la Canacar, Hamotac, Fematrac y la Organización Integradora de Derechos Convencionales se negaron a asistir a la mesa de ese día y pidieron negociar directamente con la Presidencia; ya muy entrada la noche avisaron a sus agremiados que este martes se sentarían con Gobernación, aunque sin aclarar si retirarían las protestas. Ese lunes, con corte a las 9:30 horas del centro, el gobierno había contabilizado movilizaciones en 19 entidades.
Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum había sostenido que el paro correspondía solo a una parte de la Canacar y que la puerta del diálogo ya estaba abierta en Gobernación. Para este mismo martes, a las 13:00 horas del centro del país (12:00 del Pacífico), estaba prevista la primera mesa con autoridades hacendarias, pactada con las organizaciones que no se sumaron al paro, en la que se revisaría la reducción de 300 a 250 millones de pesos en el tope de ingresos anuales para acceder al estímulo fiscal ligado al pago de peajes.
