Mientras la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) mantiene su paro en distintas carreteras del país, el Gobierno federal se sentó este lunes con otras organizaciones del sector que se desmarcaron de la protesta. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó pasado el mediodía, hora del centro, que encabezó en la sede de la dependencia una reunión con representantes de la Concamin, la Canapat, la ANTP y la Conatram.
Según la funcionaria, esos gremios expresaron durante el encuentro que no están de acuerdo con el paro convocado por la Canacar. A la mesa asistieron también el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora; el subsecretario de Política Criminal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, José Luis Rodríguez Díaz de León, y Tania Carro, en representación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
La Confederación de Cámaras Industriales agrupa a buena parte de la industria del país; la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo representa a las empresas de autobuses; la Asociación Nacional de Transporte Privado reúne a compañías que mueven su propia carga, y la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos aglutina a transportistas de distintos tamaños. En el mensaje oficial no se detallaron acuerdos ni se precisó si la dirigencia de la Canacar acudió a esta reunión.
El encuentro da continuidad a la estrategia que Gobernación anunció desde el domingo, cuando aseguró que la mayor parte de las organizaciones del autotransporte había aceptado dialogar, calificó de inexplicable la negativa de la directiva de la Canacar y agradeció a la Concamin su intervención para que esa cámara se sumara a las pláticas. No obstante, reportes locales dan cuenta de que agremiados de la Conatram participaron este lunes en concentraciones y cierres en Tlaxcala y Chiapas.
En lo que va de la jornada, la dependencia ha contabilizado protestas en 19 entidades y ha pedido a los integrantes de la Canacar no cerrar vialidades. Uno de los principales reclamos del sector es el ajuste previsto en la Ley de Ingresos 2027 al estímulo fiscal por el pago de casetas, cuyo tope de ingresos baja de 300 a 250 millones de pesos; de acuerdo con Hacienda, 170 de las 2 mil 580 empresas que lo aprovechan quedarían fuera.
