El Ayuntamiento de Tijuana intenta cerrar por la vía de la negociación el litigio que arrastra por el Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT). La empresa SITT de Tijuana, S.A. de C.V. reclama al municipio mil 380 millones de pesos por los daños que atribuye a la forma en que se manejó el proyecto.
El regidor Arturo Aguirre González, presidente de Grupo Calafia, explicó que la idea es pactar antes de que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa dicte sentencia en los dos juicios acumulados, porque, según dijo, el adeudo podría crecer si el pleito sigue su curso. El Cabildo autorizó desde el 14 de septiembre buscar ese convenio, con un monto base que no supere la mitad del valor actualizado de lo reclamado y la opción de pagarlo hasta en 120 mensualidades.
Aguirre responsabilizó a administraciones municipales anteriores, en particular por la cancelación del carril confinado, y recordó que el gobierno federal, por medio de Banobras, aportó 600 millones de pesos a fondo perdido para el sistema. Aseguró que todavía no se ha pagado nada a la empresa.
El regidor respondió así a los señalamientos de la exalcaldesa Montserrat Caballero sobre un supuesto beneficio para Calafia. Precisó que quien litiga es SITT de Tijuana y no esa empresa, la cual, dijo, retiró sus unidades del proyecto en 2019, y sugirió a la exalcaldesa informarse sobre los antecedentes del caso.
De acuerdo con el regidor, resolver los juicios permitiría destrabar la transferencia del sistema al gobierno estatal para integrarlo a la estrategia del Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California (IMOS). El SITT se planeó como una red de alta capacidad con rutas troncales y alimentadoras, pero nunca alcanzó la demanda de pasajeros que se había proyectado.
