El titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó este viernes a diputados federales que su oficina tiene abiertos alrededor de 18 expedientes relacionados con las irregularidades señaladas en la gestión de la expresidenta del instituto, Guadalupe Taddei. De ellos, 13 siguen en etapa de investigación y cinco ya pasaron al procedimiento de responsabilidad administrativa, lo que implica que las personas involucradas fueron citadas a audiencia inicial y, en los hechos, formalmente imputadas por faltas graves.
La reunión de trabajo se celebró en el Palacio Legislativo de San Lázaro ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción, que presiden Javier Herrera Borunda y Ricardo Mejía Berdeja. Desde el arranque, la bancada del PRI se quejó de que el formato solo concedía diez minutos a la exposición del contralor y tres a cada pregunta; Herrera ofreció flexibilidad en los tiempos y propuso instalar una mesa de trabajo permanente para dar seguimiento a las indagatorias.
Carvente advirtió que no podía revelar nombres de personas, números de expediente ni pruebas para no afectar el debido proceso, y presentó sus hallazgos como casos sin identificar. Explicó que entre los expedientes en investigación hay uno «maestro» del que se desprenden otros cuatro, cada uno dirigido a una persona: tres por actuar bajo conflicto de interés y uno por ocultarlo; otros ocho nacieron de auditorías del propio órgano. Aclaró que la contraloría integra y presenta los casos, pero que la sanción de las faltas graves corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuyo presidente de la sala especializada asistió a la reunión.
Entre los casos expuestos destacó el contrato INE/007/2025 para comprar urnas y mamparas para el proceso electoral extraordinario, con un rango de 165 a 198 millones de pesos. Según el contralor, la adjudicación directa se hizo sin acreditar las excepciones del reglamento de adquisiciones, quedó unos 26 millones por encima de la propuesta de Talleres Gráficos de México y favoreció a un consorcio en el que una empresa cambió su objeto social tres días antes; además, pese a los retrasos en la entrega, el instituto fijó una pena convencional de unos 26 mil pesos, cuando la contraloría la calcula en más de 40 millones.
Expuso también la auditoría al contrato del voto por internet para mexicanos en el extranjero, asignado en diciembre de 2023 por 48.6 millones de pesos a un consorcio encabezado por Ideeo Labs del que formaba parte Comercializadora JVLY, en la que se detectaron documentos fiscales de otra empresa y registros patronales dados de baja. Mencionó la inhabilitación de Bell-Krom por incumplir una entrega de prendas para personal electoral, publicada el 2 de octubre en el Diario Oficial, y un contrato de 2021 del sistema de monitoreo de spots por unos 372 millones con 25.8 millones en pagos indebidos por reintegrar. Agregó que los contratos bajo escrutinio público equivalen a cerca del 4% de las compras del instituto.
El funcionario presentó además un estudio preliminar según el cual, de 2014 a 2025, cinco empresas que comparten socios y representantes legales simularon competencia y obtuvieron alrededor de 2,461 millones de pesos en contratos de material electoral con organismos públicos locales. Sostuvo que se trata de un problema histórico y estructural que rebasa al INE, e informó que ha dado o dará vistas al SAT, al IMSS, a la Secretaría del Trabajo y a la Fiscalía General de la República cuando detecte documentos presuntamente falsos o indicios de delito.
La sesión continuaba con las rondas de preguntas de los grupos parlamentarios. Para la misma jornada estaba prevista, también en San Lázaro, la entrega de los informes individuales de la Cuenta Pública por parte del auditor superior de la Federación, cuya institución ya indaga contratos de material electoral, según el presidente de la Comisión de Vigilancia.
