Ciudad de México.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) le puso números este viernes a la red de proveedores que hoy está bajo sospecha en el sistema electoral. Al presentar en San Lázaro el segundo paquete de informes de la Cuenta Pública 2025, el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que dos conglomerados de empresas cobraron 8 mil 870.3 millones de pesos a distintas instituciones públicas entre 2014 y 2026, y que 3 mil 790.3 millones de esa suma salieron de organismos electorales de los estados.
Frente a la Comisión de Vigilancia de la ASF, el titular del órgano fiscalizador confirmó que abrió por cuenta propia una indagatoria sobre posibles irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE). La revisión alcanza también a la totalidad de los organismos públicos locales electorales (OPLE), a sus proveedores y a los servidores públicos que pudieran estar involucrados; mediante requerimientos de información, explicó, se intenta reconstruir desde cuándo funcionan estos esquemas.
Entre los primeros hallazgos enumeró que proveedores de una de las compañías revisadas trabajaron, por 21.3 millones de pesos, con firmas de timbrado de facturas a las que se les retiró la certificación por operar con empresas que emiten comprobantes apócrifos, y que otra de las sociedades está suspendida en el padrón de importadores. También detectó que la ganadora de un concurso llega a subcontratar a otra empresa del mismo grupo que había participado en la licitación, y que hay compañías que facturan cientos de millones con menos de cinco trabajadores registrados, o sin ninguno.
Una línea adicional de la investigación busca establecer si existieron barreras para frenar la competencia y asegurar las adjudicaciones, con efectos en precios y condiciones de los contratos. El auditor afirmó que los análisis de inteligencia muestran redes de vínculos entre ambos grupos y funcionarios públicos, aunque no dio nombres de empresas ni de personas y sostuvo que el trabajo se hará con apego al debido proceso.
En el balance general de la entrega, la ASF reportó 374 informes individuales con más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclarar, además de reintegros por más de 1,500 millones que los entes auditados hicieron a la Tesorería de la Federación antes de que concluyeran las revisiones. Hernández Palacios agregó que en seis meses de gestión ha llevado 40 denuncias penales a la fiscalía especializada en combate a la corrupción, tres de ellas con auditorías todavía abiertas, algo que según el organismo nunca había ocurrido.
El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, ofreció ampliar las atribuciones de la ASF e incluso explorar cambios constitucionales si hacen falta, mientras que el presidente de la Comisión de Vigilancia, Javier Herrera Borunda, pidió que la fiscalización se traduzca en sanciones y en recuperación de recursos. Horas antes, en la misma Cámara, el titular del órgano interno de control del INE había expuesto un estudio propio que ubica 2,461 millones de pesos en contratos de cinco empresas con los OPLE.
