La propuesta de Morena para pedir a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, que se separe temporalmente del cargo ni siquiera llegó a debatirse. La salida de varios legisladores dejó sin quórum la sesión ordinaria del Congreso local del martes 27 de octubre, y un día después el gobierno estatal descartó que la mandataria deba solicitar licencia.
La iniciativa era de la legisladora morenista Magdalena Rentería Pérez. Su planteamiento iba más allá de la separación del cargo: buscaba que el Ejecutivo estatal explicara quién dio el visto bueno para que personal estadounidense participara en la incursión de abril en El Pinal, en el municipio de Morelos, cuáles servidores públicos estaban enterados y cómo se vigiló que todo se hiciera dentro del marco legal del país.
Antes de que la diputada tomara la palabra, legisladores de varias bancadas, entre ellos del PAN y de Movimiento Ciudadano, abandonaron el salón de sesiones. La asistencia bajó de 18 a 14 diputados, por debajo del mínimo necesario, y la sesión tuvo que suspenderse. Se quedaron en el recinto integrantes de Morena, la presidencia de la Mesa Directiva y el priista Guillermo Ramírez. El exhorto quedó pendiente sin discusión ni votación.
La respuesta del Ejecutivo llegó el miércoles en voz de Santiago de la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno, quien dijo que no hay razón para que Campos deje el puesto y salió en su defensa. Según el funcionario, la mandataria sigue comprometida con la ley, y para el caso se instaló un equipo especial que, afirmó, ya ha dado frutos.
Al preguntarle si habrá querellas por los señalamientos hechos contra Ariadna Montiel, líder nacional de Morena, a quien se le atribuyeron presuntos nexos con la delincuencia, el secretario evitó comprometerse: eso, dijo, toca resolverlo al ministerio público, y depende de quienes advirtieron que irían a tribunales.
Desde la dirigencia nacional, Morena publicó un video en el que sostiene que lo ocurrido en Chihuahua deja ver las incongruencias del panismo y exige que quienes ocupan un cargo respeten la legalidad, pues, señaló, la seguridad y la justicia no se negocian.
El conflicto arrancó en abril, cuando una incursión de tres días en la sierra contra laboratorios de drogas sintéticas terminó con cuatro muertos, dos de ellos agentes estadounidenses. La FGR investiga la intervención de extranjeros y este mes un juez vinculó a proceso por traición a la patria al exfiscal del estado César Jáuregui Moreno.
