Drogar a una persona sin su consentimiento para doblegar su voluntad pasará a ser un delito con nombre propio en Baja California. El Pleno del Congreso del Estado aprobó con 18 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones el Dictamen 32 de la Comisión de Justicia, que incorpora la sumisión química al Código Penal estatal como una conducta autónoma, con penas de cuatro a diez años de prisión.
La reforma agrega el artículo 160 septies dentro de un nuevo capítulo XIV, titulado “De la sumisión química”, en el apartado de delitos contra la vida, la salud personal y la dignidad humana. Según el texto aprobado, incurre en este delito quien, sin consentimiento de la víctima o sin causa que lo justifique, le haga llegar por cualquier vía sustancias psicotrópicas, narcóticas, sedantes, anestésicas, tóxicas o de otro tipo con el fin de reducir o anular su conciencia, su voluntad o su capacidad para defenderse. Además de la cárcel, la sanción incluye una multa de 200 a 500 días.
El castigo podrá crecer hasta en una tercera parte en tres supuestos: cuando la víctima sea menor de edad, adulta mayor o tenga alguna discapacidad; cuando el agresor aproveche una posición de autoridad, confianza, custodia, atención médica, enseñanza o cualquier otra que le obligue a proteger a la víctima, y cuando la conducta le deje daños permanentes en la salud. Estas penas se aplicarán con independencia de las que correspondan por otros delitos cometidos a partir de la sumisión química.
El dictamen reunió dos propuestas: la de la diputada Adriana Padilla Mendoza, presentada el 1 de junio de 2026, y la del diputado con licencia Ramón Vázquez Valadez, registrada el 20 de octubre de 2025. Padilla argumentó que hasta hoy la ley tenía un hueco, pues esta práctica terminaba encuadrada en otros tipos penales, lo que complicaba investigarla, sancionarla y hacerla visible, pese a que por sí sola lesiona la libertad, la integridad y la dignidad de las personas.
Vázquez Valadez, por su parte, expuso que en el estado se han documentado casos y testimonios de este tipo de agresiones en bares, centros nocturnos y eventos masivos, y recordó que otras entidades del país ya cuentan con figuras penales específicas para perseguirlas. La Comisión de Justicia concluyó que ambas iniciativas coincidían en el fondo y las dictaminó de manera conjunta para cerrar ese vacío y armonizar la legislación local con la tendencia nacional.
Las dos abstenciones correspondieron a las diputadas Santa Alejandrina Corral Quintero y María Yolanda Gaona Medina.
