El escrutinio sobre el árbitro electoral no debe detenerse con la salida de Guadalupe Taddei. Esa fue la postura de Claudia Sheinbaum Pardo este martes, al pedir que la fiscalización del máximo órgano de control del Congreso se extienda hacia atrás en el tiempo y precise en qué año empezaron a trabajar con el INE los proveedores hoy cuestionados.
“Que se audite todo”, insistió en su conferencia matutina en Palacio Nacional. A su juicio, la ASF debe hacer una revisión muy amplia, no limitada al último año, que abarque todos los señalamientos conocidos, y el instituto debe abrir por completo sus recursos, sus contratos y los sueldos de su personal. “No puede quedar nada fuera de la transparencia”, dijo.
Como antecedente, la jefa del Ejecutivo trajo a cuenta que algunas de las firmas involucradas ya habían sido frenadas en su momento por la UIF, entonces dirigida por Pablo Gómez, que bloqueó sus cuentas; un juez, vía amparo, revirtió la medida y las compañías continuaron en actividad. En su opinión, cada instancia debe ahora actuar dentro de sus facultades, fincar responsabilidades a quien corresponda y cerrar la puerta a casos similares.
Sheinbaum también cuestionó el tamaño del presupuesto del instituto, al que dijo que se asignaron alrededor de 22 mil millones de pesos este año, y sostuvo que en el órgano electoral no caben privilegios ni corrupción. Sobre los mandos que nombró Taddei, aclaró que no le toca a ella calificarlos desde la conferencia y que, si hubiera irregularidades o conflictos de interés, la decisión corresponde a las consejerías.
Sobre el relevo, consideró que quien llegue a la presidencia del INE tendrá una buena oportunidad para hacer un ejercicio de transparencia y asegurar que ninguna de sus áreas actúe a favor de algún partido o actor político.
En paralelo, en las oficinas de Tlalpan los diez integrantes del Consejo General volvieron a reunirse en privado para intentar un consenso sobre quién conducirá el instituto de forma interina; el nombramiento requiere mayoría simple y se formalizaría en una sesión extraordinaria convocada, como límite, para las tres de la tarde del centro del país. El encargo será breve: durará lo que tarde San Lázaro en designar al titular definitivo, cuyo periodo concluye en 2032. A ello se suma el reporte que la contraloría interna del INE entregó a los diputados, según el cual desde mayo del año pasado investiga 13 casos, de los que nueve tienen que ver con contrataciones.
