Las restricciones que el Instituto Mexicano del Seguro Social impuso a la llamada Modalidad 40 abrieron un frente inesperado para el oficialismo en la Cámara alta. La Comisión de Seguridad Social del Senado, que encabeza el morenista Alfonso Cepeda Salas, prevé pedir al director general del instituto, Zoé Robledo Aburto, que acuda a explicar el alcance del acuerdo, mientras otros legisladores de Morena y de oposición sostienen que el cambio debió pasar por el Congreso. Hasta este jueves 22 de octubre no había fecha para la reunión, y Cepeda admitió que el IMSS podría mandar en su lugar a funcionarios especializados.
La medida que detonó la discusión es el acuerdo ACDO.AS2.HCT.101026/302.P.DG, aprobado por el Consejo Técnico del IMSS en sesión extraordinaria del 10 de octubre y publicado en el Diario Oficial de la Federación. El texto fija reglas temporales para la continuación voluntaria en el régimen obligatorio: quien ya esté inscrito conserva sus condiciones hasta agotar el periodo contratado, pero las nuevas altas solo podrán cotizar con el último salario registrado al darse de baja, o con ese monto más una Unidad de Medida y Actualización, nunca por debajo del salario mínimo. Además, se eliminan los pagos hacia atrás, porque el aseguramiento correrá desde el día de la solicitud, y el trámite será únicamente digital. El instituto se dio seis meses para medir el efecto financiero de esta modalidad y otro plazo similar para proponer cambios normativos.
El presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda, dijo que el Senado analiza qué implica exactamente el anuncio y que, si supone modificar la ley, la tarea corresponde a las dos cámaras. Cepeda Salas reconoció que el Ejecutivo cuenta con facultades para emitir este tipo de disposiciones, pero planteó que el acuerdo tendría más legitimidad si se discute y se vota en el Legislativo. También aseguró que no habrá efectos retroactivos y atribuyó la revisión a prácticas como cotizar hasta el tope de 25 UMA para inflar la pensión, que comparó con lo ocurrido años atrás en el ISSSTE con jubilaciones de montos muy elevados.
La crítica más dura vino de las propias filas de Morena. Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, calificó como indebido lo hecho por el instituto, sostuvo que un decreto puede complementar una ley pero nunca reemplazarla y anticipó que la disposición no debería surtir efectos jurídicos si afecta derechos de los trabajadores.
Desde la oposición, la priista Claudia Anaya Mota, secretaria de esa misma comisión, recomendó a los afectados tramitar juicios de amparo por considerar que el acuerdo contraviene el artículo 218 de la Ley del Seguro Social. Informó además que pidió a la Mesa Directiva promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte por invasión de facultades del Congreso, aunque reconoció que no espera que su petición prospere.
El debate llega luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum defendiera en su conferencia matutina la regulación de la Modalidad 40 por la detección de esquemas fraudulentos para obtener pensiones indebidas. En San Lázaro, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, respaldó la decisión presidencial, aunque admitió que hace falta darle congruencia con la legislación vigente para que tenga permanencia y certeza jurídica.
