Ciudad de México.- Rehacer todo desde cero: eso es lo que tendrá que hacer el PRD capitalino para armar otra vez su máximo órgano de mando. La autoridad electoral local echó abajo el llamado con el que el partido formó su primer Consejo Estatal y, en cascada, cada decisión tomada a partir de ahí, comenzando por la dirigencia que nació de ese Consejo.
El Consejo General del instituto actuó por mandato del Tribunal Electoral capitalino, que, al resolver el juicio TECDMX-JLDC-085/2026 y los casos que se le sumaron, le pidió analizar a fondo lo que alegaban afiliados inconformes. La resolución se informó el sábado 31 de octubre en el boletín oficial UTCSyD-346.
El problema, a juicio del IECM, fue que nadie puede acreditar que la convocatoria para nombrar a los 32 consejeros estatales se haya hecho pública como correspondía ni que las bases la tuvieran a la mano; por eso considera vulnerados los principios de certeza y máxima publicidad. Cae así la instalación del Consejo, se anula el nombramiento de la Dirección Estatal y de la Mesa Directiva, y pierden validez las designaciones, reuniones y acuerdos que de ahí derivaron.
Otro tramo del fallo tuvo que ver con los perfiles. Siete personas pasaron la revisión: Brasil Berlanga Montiel, Maximino Molina Almaraz, Rocío Sánchez Pérez, Luz del Carmen Rocha Silva, Polimnia Romana Sierra Bárcena, Sergio Iván Galindo Hernández y Karla López Celis. Tres no la superaron, pues el instituto no encontró constancia de que Armando Jiménez Hernández, Elizabeth Pérez Valdez y Alan Lobo Rodríguez militen en el partido en la capital, requisito indispensable para ostentar un cargo interno.
La Dirección Estatal Ejecutiva del partido tendrá que publicar un llamado nuevo y moverlo por todos los canales a su alcance, desde los tableros de avisos en papel y en internet hasta la página del partido, sus redes y, si se puede, un periódico de la ciudad. Para ampliar la participación se le pide abrir otra oficina de registro o permitir la inscripción en línea. Los tiempos son estrictos: dos meses (60 días naturales) contados desde que reciba la notificación, un informe intermedio a la mitad del primer mes y la comunicación del cierre a más tardar tres días después de terminar.
Mientras tanto, el dinero público que corresponde al partido seguirá retenido de forma provisional hasta que esta resolución y las que se dicten para cumplirla queden firmes. De acuerdo con las cifras que se han manejado sobre el caso, las prerrogativas detenidas superan los 80 millones de pesos.
La resolución llega en medio de una larga pugna por la representación del PRD capitalino, que tras perder su registro nacional en 2024 sobrevive como partido local y se prepara para el proceso electoral 2026-2027. Hasta el momento no se ha difundido una respuesta oficial del partido a la determinación, que todavía puede ser impugnada.
