La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer este viernes 23 de octubre que mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas felicitaron al gobierno de México por la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, que la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso en julio y que todavía espera dictamen en el Senado.
La comunicación, fechada el 20 de octubre, la firman Ivana Krstić, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, y Graeme Reid, experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por orientación sexual o identidad de género.
Los especialistas destacaron, sobre todo, que la propuesta busque homologar en todo el país la forma en que se tipifica y castiga el feminicidio, hoy distinta de un estado a otro. Consideraron que reducir esas diferencias puede dar una respuesta más coherente, mejorar la seguridad jurídica y abrir el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias. También valoraron los protocolos comunes de investigación y la creación de registros especializados, entre ellos uno de niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad por este delito.
El documento incluye recomendaciones. Los expertos piden que la ley prevea cómo investigar y sancionar a las autoridades que no actúen a tiempo ante denuncias previas o situaciones de riesgo, y que garantice a las familias una reparación integral. Además, sugieren que el texto diga de forma expresa que el feminicidio abarca a mujeres y niñas, incluidas las mujeres trans, y que las investigaciones no dependan de establecer antes la identidad de género de la víctima.
Respecto de las mujeres que ejercen el trabajo sexual, respaldaron la pena agravada que plantea la iniciativa, pero pidieron que los protocolos obliguen a indagar posibles contextos de trata, explotación o coacción y que la ocupación de la víctima nunca se use para restar gravedad al crimen.
Naciones Unidas solicitó conocer la versión actualizada del proyecto y su avance, y que sus observaciones lleguen a los legisladores antes de la votación. La cancillería agradeció los comentarios y aseguró que México seguirá colaborando con estos mecanismos durante el proceso legislativo. En el Senado, la iniciativa está turnada a las comisiones de Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos, que a principios de octubre ampliaron el plazo para dictaminarla y seguir consultando a víctimas, especialistas y organizaciones.
