El consejero electoral Arturo Castillo Loza sostuvo que las irregularidades atribuidas a la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral podrían encuadrar en delitos que la ley considera graves, al grado de justificar la prisión preventiva oficiosa. Lo dijo el jueves en entrevistas con la prensa, en el marco de la sesión ordinaria del Consejo General.
Castillo mencionó dos figuras penales: enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. Esta última, explicó, la contempla el artículo 220 del Código Penal Federal para el servidor público que otorga contratos o realiza actos que dejan beneficios económicos a familiares o a terceros con quienes guarda vínculos afectivos, económicos o de dependencia. Ambos ilícitos, recordó, aparecen en el artículo 19 constitucional entre los casos de corrupción en que el juez debe imponer de oficio esa medida cautelar. Aclaró, sin embargo, que la valoración corresponde a la Fiscalía General de la República.
El consejero fue más allá al contrastar la aplicación de esa figura: «Actualmente las cárceles están llenas de pobres a los que se les ha aplicado», afirmó, y consideró que este es un caso en el que con mayor razón debería tomarse en cuenta. A su juicio, la Fiscalía tiene elementos para indagar de oficio y podría dictar medidas para resguardar la documentación relacionada con los contratos señalados.
Según su versión, el pleno de consejerías acordó revisar todos los procedimientos de contratación, incluidos los que siguen activos, como el de la producción de la credencial para votar, para definir cuáles requieren auditoría a fondo. También acordaron presentar las denuncias que correspondan, aunque precisó que no necesariamente irían dirigidas contra Taddei, sino contra quien resulte responsable, y que atribuir culpas individuales será tarea de la autoridad ministerial.
Entre las medidas internas, Castillo adelantó un buzón para que el personal del instituto pueda denunciar de forma anónima, propuesta que todavía debe votarse la próxima semana. Dijo que numerosos trabajadores se quejan en privado de sentirse amenazados o con miedo. Sobre la idea de que Talleres Gráficos de México elabore credenciales o material electoral, señaló que la ley no lo impide, pero pidió delimitar sus alcances porque ese organismo depende de la Secretaría de Gobernación. Además, opinó que las amplias facultades que tenía la presidencia del INE sí influyeron en lo ocurrido.
Las declaraciones se suman a la presión sobre la expresidenta del instituto, quien dejó el cargo en medio de señalamientos por la asignación de contratos a proveedores, seguida de la salida de 15 funcionarios del instituto. Hasta ahora, los planteamientos del consejero son una postura personal: no existe una imputación formal en contra de Taddei y será la Fiscalía la que determine si hay delitos que perseguir.
