La presidenta de la Barra de Abogadas Lic. María Sandoval de Zarco, A.C., Estefanía Campos García, advirtió en Tijuana que el debate sobre la llamada “Ley Antimemes” no debe centrarse en los memes, sino en la posibilidad de que normas ambiguas terminen por limitar la crítica, la sátira y el periodismo.
La abogada explicó que ese nombre agrupa en realidad dos reformas federales distintas. Una modifica la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y el Código Penal Federal para castigar a quien use, a escala comercial, la identidad gráfica, los dominios o los documentos de instituciones públicas para engañar y cometer un delito; la otra cambia la Ley Federal del Derecho de Autor y las obligaciones de los proveedores de internet.
Sobre la primera, reconoció que perseguir el fraude es válido, pero subrayó que no es lo mismo un sitio apócrifo que cobra por trámites falsos que una caricatura o una parodia política. A su juicio, términos como “a escala comercial” deben quedar bien definidos, ya que el texto aprobado prevé de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil unidades de medida y actualización.
En cuanto a la segunda, que obliga a los proveedores a contar con políticas para cortar el servicio a usuarios que reincidan en violaciones a derechos de autor, planteó que alguien podría difundir una imagen, canción o video protegido sin saberlo. Por ello cuestionó quién definirá la infracción y la reincidencia, bajo qué procedimiento y si el usuario podrá defenderse antes de quedarse sin conexión, además de alertar que las empresas podrían retirar contenidos de forma preventiva para no ser sancionadas.
“El riesgo no es que estas reformas prohíban todos los memes; no lo hacen”, aclaró Campos García, quien recordó que el artículo 1.º de la Constitución obliga a las autoridades a proteger los derechos humanos sin retrocesos y que la Suprema Corte ha sostenido que las normas que imponen castigos deben describir con precisión las conductas sancionadas.
La reforma en materia de identidad institucional ya fue avalada por el Senado y la Cámara de Diputados y se envió al Ejecutivo para su publicación, mientras que la de derechos de autor, aprobada por los diputados el 7 de octubre, aún espera su discusión en el Senado. Para la presidenta de la Barra, el combate al fraude y la protección de los derechos de autor no deben debilitar la libertad de expresión, el debido proceso ni la certeza jurídica.
