Ciudad de México.- Más allá de la investigación sobre los proveedores del sistema electoral, la segunda entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2025 que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) llevó este viernes a la Cámara de Diputados incluyó señalamientos contra gobiernos estatales, municipios y entes federales. El auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, sostuvo que en Nuevo León y Sinaloa se detectaron esquemas para desviar dinero público mediante pagos a proveedores que terminaban en cuentas de personas y empresas ligadas por parentesco con funcionarios.
Según la presentación expuesta ante la Comisión de Vigilancia, en Nuevo León el gobierno estatal pagó 5 mil 851 millones de pesos a una constructora que después movió 5 mil 154.6 millones a otra compañía; en esa cadena aparece un despacho jurídico vinculado, en total, con transferencias por 728.1 millones. Otra comercializadora que recibió 964 millones del estado pasó 237 millones a una empresa de alimentos fundada por un servidor público y un familiar. En Sinaloa, la ASF describió una constructora creada por dos parientes de un funcionario estatal que obtuvo obra de dependencias estatales y municipales y luego canalizó recursos a dos particulares, quienes a su vez hicieron pagos a un exfuncionario de Finanzas bajo el concepto de «pago préstamo». El órgano no reveló nombres.
El auditor también informó que, a petición de la propia UNAM, la ASF investiga la contratación y operación de la plataforma con la que se aplicó el examen de admisión, y que por primera vez en su historia logró asegurar de forma precautoria los servidores y repositorios de información de la empresa proveedora, para evitar que se borraran pruebas. Dijo que se procede legalmente contra autoridades universitarias y particulares responsables del fracaso de la prueba, y advirtió que quien firma un contrato con el gobierno asume obligaciones ante la ciudadanía.
En el ámbito federal, la ASF observó 2 mil 327 millones de pesos entre el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios, por movimientos financieros y gastos de operación sin aclarar, y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, que no acreditó el correcto ejercicio de recursos. Los entes deberán solventar esas observaciones en las siguientes etapas de la fiscalización.
El hallazgo más contundente fue municipal: en 42 ayuntamientos revisados al cien por ciento, más de 5 mil 200 millones de pesos de origen federal quedaron sin destino acreditado, es decir, la totalidad de lo que esos gobiernos recibieron quedó sin comprobar ante el órgano fiscalizador. Las auditorías a entidades federativas sumaron más de 1,200 millones por aclarar, sobre todo en educación y salud, aunque antes del cierre de las revisiones los estados devolvieron 1,132 millones de pesos, 553 millones de ellos del sector salud; entre los que reintegraron figuran Puebla, Nayarit, Guanajuato, Ciudad de México, Oaxaca, Sonora y Baja California.
La entrega comprendió 374 informes: 42 a municipios, 286 a entidades federativas y 46 a entes federales. Hernández Palacios añadió que las 40 denuncias penales que ha presentado en seis meses ante la fiscalía anticorrupción ya fueron judicializadas, y la ASF adelantó que trabaja con legisladores en una reforma constitucional para poder sancionar de manera directa y recuperar recursos con mayor rapidez.
