Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó este viernes que un gobierno estatal de Estados Unidos pueda alterar la línea fronteriza con México, luego de que autoridades de Texas declararon como propiedad de ese estado nueve islas ubicadas en el cauce del Río Bravo. En su nota informativa 015/2026, la cancillería subrayó que los límites entre ambos países se fijan conforme a un tratado internacional y no por decisiones locales.
La postura responde a un anuncio del 26 de octubre de la Oficina General de Tierras de Texas, cuya titular, Dawn Buckingham, informó que esa dependencia identificó nueve islotes que en conjunto suman alrededor de 66 acres, unas 27 hectáreas, como terrenos estatales. Con ello autorizó al Departamento de Seguridad Pública y al Departamento Militar de Texas a entrar en ellos para vigilarlos, inspeccionarlos y limpiarlos de vegetación, con el argumento de impedir que los usen grupos criminales, aunque reconoció que no se ha confirmado actividad delictiva en esos sitios.
Las islas se localizan en el tramo del río entre Laredo y McAllen. La funcionaria texana recordó que en 2023 ya había declarado tierra estatal la isla Fronton, de unos 170 acres, en el condado de Starr, donde las fuerzas del estado desmontaron la vegetación en un operativo de seguridad fronteriza; de acuerdo con el oficio enviado a los cuerpos de seguridad, la revisión partió de una solicitud de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza sobre 28 islas cuya propiedad no estaba definida.
La SRE recordó que, según el Tratado de Límites firmado por ambos gobiernos en 1970, la frontera en el Río Bravo corre por el centro de su cauce normal, y que esa línea define la soberanía de las tierras de cada lado sin importar a qué país hayan pertenecido antes. La cancillería precisó que la única instancia con facultades para aplicar el tratado y establecer en qué lado queda cada isla es la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), atribución que no corresponde a ninguna autoridad estatal.
El documento añade que el tratado prohíbe a cualquiera de las dos naciones construir obras que, a juicio de la CILA, puedan desviar u obstruir el flujo natural del río. La Secretaría aseguró que México vigilará de cerca cualquier acción en la zona y reiteró su compromiso con los acuerdos que rigen la frontera común y con el diálogo por los canales bilaterales ya establecidos.
